La Defensoría quiere limitar los negocios inmobiliarios en el Delta

También pide un control estricto de los estudios de impacto ambiental
La Defensoría quiere limitar los negocios inmobiliarios en el Delta
Publicado el 17 de Noviembre de 2010
Por Diego Igal
Señala que sólo deben autorizarse con fundamentos y razones de “estricto interés público” y cuando no existan otras opciones, menos perjudiciales. Para las organizaciones vecinalistas, ya existe “un país privado” en esa zona.

La Defensoría del Pueblo de la Nación dictó una resolución que podría desalentar los emprendimientos inmobiliarios sobre el Delta del Río Paraná. Firmada por Anselmo Sella, ombudsman adjunto a cargo de la dependencia, exhortó a las municipalidades de Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando a realizar “un estricto control en el cumplimiento de la exigencia legal de estudio de impacto ambiental, para los emprendimientos urbanísticos o industriales” en las zonas continentales vecinas a esos márgenes del Paraná y “autorizar emprendimientos residenciales, industriales o agropecuarios en humedales cuando su necesidad se encuentre fundada en imperiosas razones de estricto interés público y no existan opciones menos perjudiciales”.
Martín Nunziata, vecino del Delta desde hace 30 años y miembro de la Asamblea Delta y Río de la Plata, celebró lo que calificó de trabajo “muy completo” de la Defensoría, y advirtió que se está ante una situación de riesgo, porque por ejemplo ya hay barrios privados −que para él forman “un país privado en el norte”− sobre 20 mil hectáreas que se construyeron sobre la marca histórica del río, señaló a Tiempo Argentino.
Las resoluciones del organismo tienen carácter de recomendación, y constituyen un basamento legal importante para que cualquier ciudadano o dependencia del Estado accione en Tribunales, informó a Tiempo Horacio Esber, director de Derechos Sociales de la Defensoría, para quien “no es razonable seguir construyendo sólo por el hecho de estar al lado del río”. Este dictamen se notificó al organismo provincial para el desarrollo sostenible.
Las municipalidades también deberían informar por “todos los medios locales” dónde consultar las evaluaciones de impacto ambiental presentadas para aprobar y adoptar audiencias públicas “para la recepción y evacuación de observaciones respecto de la evaluación de impacto urbanístico, socioeconómico y físicoambiental, para todos aquellos emprendimientos de envergadura”.
La resolución surgió por el reclamo de un grupo de vecinos y defensores de pueblos originarios que acampan desde febrero en la zona de Punta Querandí, en reclamo de la preservación de sitios arqueológicos ubicados debajo de barrios privados o en zonas donde se proyecta construirlos.

Fuente Diario Tiempo Argentino