Puerto regasificador

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Escobar 20 de Mayo 2011

Un grupo de vecinos de Escobar presentaron una medida cautelar, que lleva el registro Nº P2326, en el día de ayer ante el Juzgado Correccional N° 1 del Departamento Judicial Zárate-Campana, a cargo de la Dra. Raquel Slotolow por medio de la cual buscan frenar la puesta en funcionamiento del puerto regasificador alegando que no se habría cumplido con el legal proceso ambiental y que el emprendimiento podría poner en potencial riesgo a la ciudadanía escobarense.

Los vecinos explican al magistrado interviniente que “Motiva la acción, el movimiento de tierras en la zona, el endicamiento, el dragado, secado de arroyos, canalizaciones, desmontes, y alteración de la línea de ribera, que provoca cambios del curso de las corrientes de agua, lo que esta afectando y poniendo en altísimo riesgo la vida y salud de todas las personas que habitan en dicha zona por peligro de inundación, alteración de la calidad de las aguas, y la presunta comisión del delito de peligro ante la construcción de un puerto privado de la empresa UTE ENARSA y REPSOL YPF para la regasificación de Gas Natural Licuado, para amarre del Buque regasificador, con peligro potencial de explosión y contaminación en la zona próxima a las vivienda de los actores; alterando la biodiversidad e impedir el funcionamiento sustentable del ecosistema deltaico, perjudicando la libre navegación, la seguridad en la navegación, la vida de la población civil, el comercio y el turismo”.

La acción de amparo tiene como demandados al Estado Nacional, al Estado Provincial, a la Municipalidad de Escobar y a la UTE conformada por ENARSA-REPSOL-YPF por haber omitido “el proceso administrativo previo a toda obra para obtener la declaratoria positiva de evaluación de impacto ambiental de las respectivas autoridades de aplicación, en la construcción de un Puerto Privado sobre bienes del dominio y uso público nacional, provincial y municipal” denunciando que el accionar de los demandados “en forma actual e inminente lesiona, restringe, altera y amenaza con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta derechos y garantías reconocidas en el art. 28 Constitución Provincia de Buenos Aires y art 41 de nuestra Carta Magna como el derecho a un ambiente sano, equilibrado y menoscaba los presupuestos mínimos de protección ambiental de la Ley General del Ambiente y a los Tratados y Pactos Internacionales” poniendo un especial énfasis a la omisión, por parte de la Municipalidad de Escobar y del Estado Provincial (OPDS) “en convocar a Audiencia Pública al pueblo de Escobar como parte del procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo cumplimiento, debió haber sido previo al comienzo de la obranzas” que “deviene en actividad clandestina e ilegal, porque no se ha cumplido con la obligación legal de efectuar el proceso administrativo previo a nivel municipal, provincial, nacional e internacional, por parte de los demandados que amenaza con ilegalidad manifiesta, el ejercicio de los derechos constitucionales (art. 41 CN y 20 CPBA), en perjuicio de la población civil y el ambiente”.

Además de los argumentos legales, sostenidos con una nutrida fundamentación en el derecho constitucional, civil y hasta internacional, se apoya en las investigaciones periodísticas realizadas desde un principio por escobarnews.com y más recientemente por el noticiero de canal 13.

Por otra parte, los peticionantes solicitaron a la justicia que se cite a declarar en audiencia testimonial, entre otros, al Intendente de Escobar, Sandro Guzmán, y al Presidente del Concejo Deliberante de Escobar, Elio Miranda.

Entre otras medidas probatorias los actores de la demanda al magistrado con carácter de urgente y de previo al traslado de la demanda se ordene un reconocimiento judicial del lugar para que observe “la alteración hidrogeológica del Km 70 sobre la margen derecha del Paraná de las Palmas, el grado de movimiento de tierras, profundidad del dragado, refulado, gasoducto, maquinarias y personal de reparticiones públicas como el Ejercito Argentino, usurpando bienes del dominio público por corrimiento de línea de ribera y la reciente construcción, ilegal y clandestina sin el debido proceso ambiental, del Puerto para amarre del Buque Cisterna Gasificador, que se encuentra próximo a arribar, poniendo en peligro a la población toda en la zona de Escobar y por donde navegue dicho buque”.

Se estima que el lunes próximo la Dra. Raquel Slotolow se expedirá haciendo conocer su fallo que podría llegar a suspender la puesta en marcha de la obra en caso que la acción de amparo prospere esta instancia judicial.

Fuente: escobarnews.com